Hay una pregunta que suena trivial y no lo es: ¿cuándo decidiste empezar a usar inteligencia artificial? La mayoría de las personas no recuerda ese momento porque no hubo momento. Simplemente un día Google ya respondía diferente, WhatsApp sugería respuestas, el corrector del teléfono escribía oraciones completas y el buscador de trabajo filtraba currículums antes de que un humano los viera.

Así llegó la IA a Chile. Sin anuncio, sin debate público, sin que nadie votara por ella.

Los números son contundentes: según datos recientes, cerca del 43% de los chilenos usa alguna herramienta de inteligencia artificial de manera cotidiana. ChatGPT, Copilot, los filtros de Instagram, los algoritmos de Spotify, los chatbots de atención al cliente. La IA no es el futuro en Chile — es el presente, y lleva años siéndolo.

El problema no es el uso. El problema es la ausencia de reflexión colectiva sobre ese uso. ¿Quién regula los datos que estas herramientas recopilan? ¿Qué pasa cuando un algoritmo decide que tu currículum no pasa el filtro? ¿Quién responde cuando una IA médica comete un error? ¿Cuánto de lo que consumimos, compramos y en qué pensamos está siendo moldeado por sistemas diseñados en otros países, con otros valores y otros intereses?

Estas preguntas existen en los pasillos académicos y en algunos debates legislativos aislados. No existen en la conversación pública chilena con la urgencia que merecen.

Otros países van más rápido. La Unión Europea aprobó el AI Act. Brasil avanza en su propia regulación. Chile tiene un proyecto de ley en tramitación que lleva años sin avanzar con la velocidad que el fenómeno exige.

La inteligencia artificial no es neutral. Reproduce sesgos, concentra poder en pocas empresas y transforma el mercado laboral de maneras que apenas estamos empezando a entender. Usarla sin pensarla es una decisión tan política como cualquier otra. Solo que nadie la llama así.