por @Ozóniko

What am I supposed to do?

Sit around and wait for you?

Well, I can’t do that

And there’s no turning back

( Believe – Cher )

El Jueves 10 de Marzo entró en vigencia la tan esperada Ley de Matrimonio Igualitario en Chile. Un proyecto de ley ingresado durante la última administración de Michelle Bachelet y que gracias a la suma urgencia; activada entre gallos y medianoche por un desesperado Sebastian Piñera mirando su escuálido legado, fue aprobado en pleno verano legislativo 2022. 

Los días pasan y el retrato de parejas LGBTIQ+ casándose en el registro civil se suceden con naturalidad entre nuestras redes sociales, historias de instagram o en publicaciones de facebook o twitter que inundan de amor diverso nuestros muros virtuales.

Pero entre el vestido blanco, el traje de novio o la torta de tres pisos la comunidad LGBTIQ+ sigue en peligro. La agenda legislativa para garantizar nuestros derechos y asegurar la salud mental, física y una vida sin violencias de las comunidades diversas sigue siendo un complejo desafío en un congreso empatado con las fuerzas conservadoras. 

Los crímenes de odio; y en particular la violencia cotidiana hacia la población trans, son un llamado de atención urgente al Estado y la sociedad civil para actuar ahora. Mientras la Convención Constitucional abre camino con el reconocimiento de nuestras identidades, formas de familia y expresiones de género; en las calles de Chile aún impunes crímenes de odio buscan una justicia esquiva y tendenciosa.  

El retorno a la presencialidad educativa impone sobre las infancias y adolescencias LGBTIQ+ un mayor riesgo de acoso, maltrato y bullying en las aulas, patios de nuestras escuelas y redes sociales. La pandemia del Coronavirus ha invisibilizado la lucha urgente contra la pandemia del VIH/SIDA en nuestro país; haciendo indispensable una estrategia gubernamental capaz de enfrentar el subdiagnóstico que pone en riesgo la salud y la vida de miles de personas viviendo con VIH actualmente. La reforma a la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio) sigue pendiente en el congreso; esperando indicaciones y herramientas que le permitan prevenir las violencias y la estigmatización; simplificando y haciendo eficiente y digna la persecución de delitos contra la comunidad LGBTIQ+. 

Ante las amplias brechas de derechos, garantías y seguridades que aquejan a la población trans; es urgente impulsar con fuerza un cupo laboral trans en el sector público y privado para abrir las puertas de una inclusión sustantiva hacia esta comunidad históricamente marginada. Junto a lo anterior es indispensable repensar las prestaciones de salud para esta comunidad; incorporando los recursos y herramientas que sean necesarios para asegurar dignidad a quienes necesiten estos servicios. Las infancias trans también demandan un reconocimiento y nuevo trato por el Estado; reformas capaces de visibilizar y legitimar su derecho a la identidad.

En definitiva, el derrotero social y político de la comunidad LGBTIQ+ no se agota en el flamante matrimonio igualitario. Debemos avanzar más rápido desde el Estado y la Sociedad Civil exigiendo un abordaje integral de las violencias y sus efectos en nuestra comunidad. Prevenir, Garantizar y Reparar debieran ser los verbos articuladores de una nueva mirada del Estado hacia nuestras comunidades; y esta acción debe levantarse desde nuestras voces; haciendo agencia en primera persona para empujar las reformas y cambios culturales que demanda el Nuevo Chile. 

Un estallido social, violaciones masivas a los derechos humanos, dos años de pandemia, encierro y muerte y un nuevo gobierno son el escenario ineludible para empuñar con más fuerza las banderas históricas del movimiento LGBTIQ+ en Chile. Un movimiento que hermanado en la lucha antipatriarcal con el movimiento de mujeres; hoy debe encontrar su viejo nuevo lugar: desde las calles, en la organización social y territorial, en la articulación política y generando diálogos que aperturen una incidencia protagónica en el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas.