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La trayectoria política de Kast ilustra con claridad la dinámica de escenarios marcados por el malestar social, la desconfianza institucional y la hegemonía de discursos simplificados que circulan con rapidez en redes sociales.

Tras dieciséis años como diputado, su paso por el Congreso no se tradujo en una producción legislativa relevante ni en la construcción de consensos amplios. Su legado parlamentario se define, más bien, por una oposición sistemática a avances en derechos civiles y sociales. Votó en contra de la Ley Zamudio, que busca proteger a las personas frente a la discriminación arbitraria; se opuso a la llamada “Ley Cholito”, orientada a establecer estándares mínimos de protección animal; rechazó el aborto en tres causales, incluso en contextos de violación o riesgo vital para la mujer; y ha relativizado o negado de manera reiterada los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Estas posiciones no son anecdóticas: configuran una visión de sociedad restrictiva, jerárquica y excluyente.

Este tipo de liderazgos se inscribe en una deriva autoritaria facilitada por el neoliberalismo y por sistemas mediáticos que simplifican la realidad, desplazan el debate estructural y modelan la opinión pública a partir del miedo y la inseguridad. La ultraderecha no necesita ofrecer soluciones complejas; le basta con identificar enemigos —el feminismo, las minorías sexuales, las personas migrantes, los movimientos de derechos humanos— y prometer orden, aun cuando ese orden suponga retrocesos democráticos.

El auge contemporáneo de estas fuerzas ha sido ampliamente documentado en la literatura académica. Diversos estudios coinciden en que su crecimiento se explica, en parte, por una reacción conservadora frente a avances en igualdad de género, diversidad sexual y reconocimiento de derechos, fenómeno que se traduce en una “contramarea cultural” (cultural backlash). En este marco, discursos que antes resultaban marginales logran hoy legitimidad institucional, normalizando el cuestionamiento a principios básicos del Estado de derecho.

Chile no es ajeno a este proceso. Estas corrientes de ultraderecha combinan autoritarismo político con neoliberalismo económico, generando una paradoja peligrosa: un Estado fuerte para controlar derechos y libertades, pero débil para garantizar protección social y cohesión económica.

La propuesta de un recorte de 6.000 millones de dólares al gasto público debe leerse en esa clave. No se trata solo de una cifra contable, sino de una decisión con efectos concretos sobre salud, educación, políticas sociales y la capacidad estatal para enfrentar desigualdades estructurales. La austeridad, presentada como eficiencia, suele traducirse en mayor precariedad para las mayorías.

En el plano cultural, este fenómeno se ve reforzado por una apropiación del lenguaje de la rebeldía, lo antisistémico y lo “políticamente incorrecto”, que convierte el rechazo a los derechos humanos y a la igualdad en una supuesta forma de valentía discursiva. Las redes sociales amplifican estos mensajes, reduciendo debates complejos a consignas virales y favoreciendo una política de emociones rápidas, donde la indignación sustituye al análisis y la memoria histórica es tratada como un obstáculo incómodo.

El peligro de este escenario no reside únicamente en la figura de José Antonio Kast, sino en lo que su proyecto refleja: una sociedad tensionada que, frente a la incertidumbre, opta por respuestas simples, aun cuando estas impliquen retrocesos en derechos, negación del pasado y debilitamiento de la democracia. La experiencia comparada demuestra que cuando la ultraderecha accede al poder, la agenda pública se reconfigura rápidamente, desplazando conquistas sociales que costaron décadas de lucha.

Chile enfrenta así una disyuntiva profunda. No se trata solo de elegir entre candidatos, sino entre modelos de sociedad: entre una democracia que asume su historia, amplía derechos y fortalece lo público, y otra que, en nombre del orden y la austeridad, arriesga vaciar de contenido los principios democráticos. La responsabilidad ciudadana exige mirar más allá del eslogan y del video viral, y comprender que las decisiones políticas de hoy delinean los márgenes de libertad, igualdad y dignidad del mañana.